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Ley Audiovisual de Andalucía

¿Las autorizaciones provisionales a medios comunitarios son posibles?

La posición de la Junta de Andalucía sobre las autorizaciones provisionales a medios comunitarios ha sido cambiante

La posición de la Junta de Andalucía sobre cómo regular los medios comunitarios, sobre todo radios, ha sido cambiante. Mientras que el anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía en su versión de septiembre de 2015 establecía autorizaciones provisionales y el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, respaldaba esa opción durante una comparecencia en comisión parlamentaria en mayo de 2016, esta figura desaparecía de la versión remitida al Consejo Económico y Social de Andalucía (abril de 2017) y del proyecto de ley que el gobierno andaluz propone al Parlamento (agosto 2017). ¿Qué ha pasado por el camino? La respuesta habita en el triángulo formado por el reparto competencial Estado-comunidades, el incumplimiento de la legislación estatal y una interpretación restrictiva de lo que dice el gabinete jurídico de la Junta. Sin perder de vista una clave importante: en 2004 sí fue posible dar autorizaciones provisionales a las televisiones locales.

El director general de Comunicación Social, Eugenio Cosgaya, ha sido el primero en enfrentarse a la contradicción de decir que se defiende a los medios comunitarios y a la vez proponer una ley que en la práctica no va a cambiar nada al no establecer ningún mecanismo que permita a estos servicios beneficiarse de sus novedades legislativas. Preguntado al respecto durante una entrevista en Onda Local Andalucía, Cosgaya aseguró el día 3 de agosto que no se quiere dar licencias provisionales a los medios comunitarios, "sino definitivas", tras lo que subrayó que el ejecutivo andaluz no aplicará el régimen sancionador previsto en la ley mientras las radios comunitarias no tengan autorización. "Nada más lejos de la realidad", zanjó.

(entrevista completa en la web de Onda Local Andalucía)

Ese "no está muy receptivo" que Cosgaya atribuye al Ministerio de Industria no es ninguna novedad. Industria lleva años incumpliendo impunemente la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que establece que se tiene que habilitar espacio (espectro radioeléctrico) para que los medios comunitarios opten a licencias y que se tiene que aprobar un reglamento para estos servicios.

La primera cuestión derivada de la LGCA supone que el Estado tiene la competencia de administrar las telecomunicaciones y definir qué puntos del dial están disponibles en cada zona para la emisión de radio y televisión. Después los gobiernos autonómicos adjudican esos espacios disponibles a los medios de comunicación aspirantes a las licencias.

La segunda cuestión conlleva que Industria regule los detalles del funcionamiento de los medios comunitarios mediante un reglamento que no ha nacido, aunque esta es una espada de doble filo, ya que la única versión conocida de reglamento más bien desnaturaliza a los medios comunitarios al establecer limitaciones de potencia irrisorias que enmudecerían a todo el sector. La Red de Medios Comunitarios ha rechazado la oportunidad de esta normativa de desarrollo y fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información aseguran que este borrador ya no está sobre la mesa. Pero tampoco hay ningún otro.

El margen que tiene Andalucía

Por su parte, el  Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía explica en su dictamen de 17 de abril de 2017 sobre el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía que Estado y comunidad autónoma ostentan competencias sobre el sector audiovisual y los medios de comunicación social: el Estado dicta la legislación básica y la comunidad procede con la normativa de desarrollo "por vía reglamentaria o legal" (página 7). Con esto se abre la puerta al desbloqueo reglamentario de la LGCA.

De hecho, el consejero de la Presidencia, Jiménez Barrios, aseguraba en mayo de 2016 que la Junta está trabajando en perfilar un procedimiento de solicitud para la prestación de este tipo de servicios, “explorando el límite de las competencias autonómicas” para un sector que ronda entre 40 y 80 estaciones de radio en Andalucía y algún proyecto televisivo.

En la página 16 de su informe, el Gabinete Jurídico ahonda en esto. Sobre la inacción del Gobierno de España en relación con los medios comunitarios, asegura:

"Esta previsión de desarrollo reglamentario a día de hoy aún no se ha llevado a cabo por el Estado con lo que el legislador autonómico podrá regular esta materia si bien advirtiendo de que una eventual regulación posterior en el tiempo por parte del Estado de esta materia podrá afectar a la normativa autonómica, en función del carácter básico o no de la misma".

Este ánimo exploratorio se interrumpe en algún momento entre mayo de 2016 y julio de 2017, cuando el Consejo Consultivo de Andalucía recoge en la página 66 de su informe sobre el anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía:

"Tales previsiones [autorizaciones provisionales para medios comunitarios] se suprimieron a la vista del informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en el que se señala que la autorización provisional no está contemplada en la normativa vigente (pág. 1818 del expediente); observación que fue aceptada (pág. 1918), dando lugar a una nueva redacción del texto".

Volvamos ahora la vista a ese informe del Gabinete Jurídico del 17 de abril. En su página 16 habla sobre las autorizaciones provisionales a medios comunitarios utilizando el mismo argumento que para las de la televisión pública local. Pero vamos a leer unas cuantas líneas más abajo:

"No se considera suficientemente motivada en la norma, ni en el expediente, este sistema de autorización provisional. Dicha figura tampoco existe en la normativa vigente. Dado que el servicio de comunicación audiovisual público está sujeto a la debida autorización por parte de la Administración, autorización que se otorgará cuando concurran los requisitos establecidos en la normativa. Por ello la posibilidad de recurrir a una autorización provisional debe venir motivada por la concurrencia de algún tipo de requisito objetivo que justifique el empleo de esta técnica. En este punto debe recordarse la necesidad de que los poderes públicos no incurran en arbitrariedad (art 9.3 CE) y en la necesidad de sujetar toda su actuación a la ley y de actuar de forma objetiva (art. 103 CE)".

Es decir, el Gabinete Jurídico no dice que no puedan existir las autorizaciones provisionales, sino que para que estas sean posibles "debe venir motivada por la concurrencia de algún tipo de requisito objetivo que justifique el empleo de esta técnica".

Donde la abogacía pide más claridad, justificación y argumentos, la Dirección General de Comunicación Social interpreta que lo oportuno es eliminar las autorizaciones provisionales para los medios comunitarios. El arraigo de estos medios (sobre todo radios) en Andalucía, los reconocimientos entregados por la propia Junta, la prolongada y paradójica situación legal bloqueada por una administración central que incumple la ley y dificulta el ejercicio de un derecho fundamental no han sido suficientes para armar ese argumentario en favor de las autorizaciones provisionales sobre el que se cuestiona el gabinete jurídico.

Antecedentes en 2004

Sin embargo la Junta ha demostrado ser más resolutiva en otros momentos ante situaciones similares. En 2004 decretó un régimen jurídico transitorio para las emisoras de televisión locales, que carecían de planificación en el espectro radioeléctrico porque el Gobierno del estado incumplía una ley estatal (exactamente lo mismo que ahora pasa con las comunitarias). En la exposición de motivos del decreto 365/2003 se aseguraba:

Ante este marco normativo y de la realidad social expuesta, en ejercicio de las competencias atribuidas por la citada Ley 41/1995, de 22 de diciembre, en defensa del derecho fundamental de los ciudadanos a la libertad de comunicación, que garantizan los apartados a) y d) del artículo 20.1 de la Constitución Española, de acuerdo con lo recogido en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional (31/94; 98/94; 240/94; 281/94; 307/94), en defensa de lo que es el propio interés público, y con el propósito claro de dar una mayor seguridad jurídica y amparo legal a los operadores de este sector, es voluntad de la Junta de Andalucía establecer un marco jurídico transitorio para las emisoras de televisión local por ondas terrestres.

Este marco jurídico pretende, bajo una serie de obligaciones que se imponen a las emisoras de televisión local de Andalucía, dar amparo y reconocimiento institucional, mediante el otorgamiento de una autorización administrativa general expresa, de carácter transitorio, a las emisoras que cumplan lo que prevé este Decreto.