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La Junta poda la Ley Audiovisual de Andalucía tras 3 años de parón

La Junta poda la Ley Audiovisual tras 3 años de retraso

Los 3 años de retraso en la aprobación del anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía solo han servido para podar y descafeinar las reivindicaciones ciudadanas para democratizar la comunicación en Andalucía. El martes 2 de agosto el Consejo de Gobierno ha aprobado remitir el proyecto de ley al Parlamento. El documento puede consultarse aquí.

El principal varapalo consiste en la eliminación del borrador de la disposición que establece la inscripción provisional en el registro de prestadores para los medios comunitarios.

De aprobarse así, la Ley andaluza no supondría ninguna novedad respecto a la Ley General de la Comunicación Audiovisual aprobada en 2010, que ya reconocía la existencia de un tipo de operador audiovisual llamado comunitario pero no ha servido para que ninguna emisora obtenga licencia. Esto se debe a que la legislación estatal lleva incumpliéndose desde 2012 por parte del Gobierno de España, ya que sorprendentemente el Ministerio de Industria no quiere publicar el reglamento de medios comunitarios ni planificar licencias para ellos.

La disposición de inscripción provisional en el registro de prestadores para medios comunitarios sí aparecía en el borrador de septiembre de 2015 del anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. Desde entonces, los diferentes despachos y órganos por los que ha pasado el texto han recortado el articulado, alejándolo de los estándares que pide UNESCO para la regulación de los medios comunitarios y en los que se basó el Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía.

Sin embargo, confiamos en que el trámite parlamentario sirva para enmendar estos errores y plantear de forma decidida una comunicación más profunda, democrática y cercana a los estándares internacionales en Andalucía, con capacidad para generar empleo y articular mejor los territorios.

Por el momento, el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía hace alguna aportación interesante como blindar las radiotelevisiones municipales ante intentos privatizadores y augurar un mayor esfuerzo en la labor inspectora audiovisual de la Junta, pero su redacción actual supone perder la oportunidad de avanzar en materias clave de medios comunitarios, alfabetización mediática, derecho de acceso en los medios públicos y participación ciudadana en la supervisión del sector audiovisual, donde los avances son inexplicablemente tímidos.

Esta es nuestra valoración del texto y la base de las enmiendas que pediremos a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía.

Respecto a los  medios comunitarios:

    • Aspectos preocupantes:
      • eliminación de la disposición transitoria segunda sobre autorización provisional para la prestación del servicio de comunicación comunitaria. Este artículo habilitaba al gobierno autonómico para dar permisos transitorios a medios comunitarios en funcionamiento, mientras el Gobierno de España siga incumpliendo la Ley General Audiovisual de 2010 y planifica frecuencias para medios comunitarios. La inexistencia de espacio en el dial es un bulo, más aún teniendo en cuenta la liberación de espacio que resultará de las medidas de persecución de emisiones ilegales que se prevén en la futura normativa andaluza.
      • en el capítulo dedicado a medios sin ánimo de lucro (artículos 47 a 51) se aporta poca novedad respecto a la legislación estatal.
      • artículo 17.h: fomento de medios comunitarios. Se ha recortado este artículo y se redacción está enrevesada. Se elimina el apoyo a la constitución de asociaciones de medios comunitarios.
    • Aspectos que suponen un avance:
      • artículo 4.h: adecuada definición de medios comunitarios
      • límite presupuestario máximo más laxo (100.000 euros en vez de 50.000 previstos en la ley estatal), aunque la existencia de este tipo de limitaciones ya fue duramente criticada por el Consejo de Estado y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en 2010. 
      • permitir que las asociaciones sin ánimo de lucro que hay detrás de estos medios ciudadanos reciban contribuciones de instituciones como acción de responsabilidad social corporativa.
      • artículo 17.i: fomento de uso de instalaciones y colaboración de los medios públicos por parte de los comunitarios.
    • Aspectos cuestionables:
      • Se establece la obligación de presentar memorias económicas cada 1 o 2 años. No se determinan las características de estas memorias, por lo que si fueran complejas pueden convertirse en obstáculos a la pervivencia de los medios comunitarios en sus fases iniciales. Ya se han visto este tipo de efectos negativos tras las regulaciones practicadas en Argentina y Chile, por ejemplo. Por otra parte, es necesario establecer controles para que los intereses lucrativos de emisoras piratas y comerciales que no han podido o querido acceder a licencias intenten camuflarse como emisoras comunitarias.
      • artículo 30: aparente extensión del concepto de derecho de acceso en los medios públicos (artículo 20.3 de la Constitución y 211 del Estatuto de Autonomía de Andalucía) a los medios comunitarios. Por propia definición, los servicios de comunicación comunitarios dedican el 100% de su producción a facilitar el derecho de acceso de colectivos sociales, por lo que es una redundancia innecesario. Además, dependiendo de como se lleve a la práctica, podría obstaculizar el desarrollo del sector si los requisitos formales son demasiado exigentes sin atender la variedad de realidades que hay en los medios comunitarios andaluces.

Respecto a otras claves propuestas por el Foro Andaluz de Educación Comunicación y Ciudadanía (asociaciones vecinales, ONG-D, medios comunitarios y públicos, sindicatos, colectivos de diversos ámbitos de la comunicación y de fuera del sector, grupos de investigación universitaria y así hasta 40 integrantes) y otros temas destacados:

  • Aspectos preocupantes:
    • artículo 10: alfabetización mediática. Artículo desnaturalizado y vago.
    • artículo 11: derecho de acceso. Redacción vaga.
    • artículo 12: Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía. Redacción vaga.
    • artículo 23: derecho a actualizar el proyecto audiovisual. Se trata de un artículo nuevo respecto al borrador de septiembre de 2015 y puede servir de puerta para saltarse los requisitos que están obligados a mantener los medios para conservar su licencia (horas de emisión, empleo generado, vertebración territorial, etc.). 
    • artículo 37: Entre las funciones de los medios públicos no está la de "garantizar el derecho de acceso de grupos sociales y políticos significativos de la diversidad de la sociedad"
    • artículo 37.3: Se prohíbe la publicidad en medios de universidades y otros centros docentes públicos a pesar de regularlos como medios públicos (que no tienen esta prohibición en la legislación estatal) y no se explica la causa.
  • Aspectos positivos:
    • artículo 19: sistema de medición de audiencias locales. No existe ningún mecanismo en la actualidad.
    • artículo 30.i: creación de comisiones de participación audiovisual locales.
    • artículo 62.4: se establece la obligación de las asociaciones sectoriales de ayudar en la labor inspectora a la Junta.
    • artículo 67: sanciones. Se grada la sanción en base al ánimo de lucro o no, a la capacidad económica y el cese de la actividad.
    • artículo  73: deber de colaboración. La propiedad de fincas y toda entidad que se relacione con un medio investigado tiene que colaborar con la inspección.

Consulta los 15 bloques de propuestas del Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía, que suman un centenar de medidas concretas e incluyen la argumentación jurídica en la que se fundamentan.